Para hablar de los obstáculos que se oponen al acceso a la información pública en Colombia, se debe tratar el tema desde el problema fundamental: La ignorancia del común de los ciudadanos y funcionarios públicos sobre las condiciones y características básicas del acceso a la información pública.
Por características básicas se debe entender entonces, la referencia a las condiciones generales e intrínsecas de los documentos generados en el entorno del sector público como de interés común y por ende de acceso libremente controlado, esto por una parte; por otra, las condiciones básicas sobre la disposición y puesta de dichos documentos e información al servicio, uso y acceso del ciudadano.
Bajo estas premisas se puede entonces comenzar a desglosar los que se constituyen como los obstáculos más relevantes en cuanto al acceso a la información pública; siendo el siguiente en consecuencia, la falta de generación de políticas institucionales claras (y su posterior desarrollo en actividades fácticas) para la definición de documentos e información de acceso público y el cómo se va a llevar a cabo la provisión de los servicios relacionados para el ciudadano.
Hablar de políticas claras es hablar de transparencia en una triple dimensión: Organización – Funcionarios – Ciudadanos; con el objeto de proveer un marco reglamentario y procedimental general para la definición de las estrategias de acceso a la información con sus respectivos elementos, teniendo en cuenta las disposiciones legales al respecto (que por cierto es muy profusa en cuanto a la mención de garantías de acceso a la información pública para el ciudadano). Dicho en otras palabras, reglas de juego claras para los actores del flujo informacional.
A partir de este punto, es cuando se comienza a hablar del acceso libremente controlado; que puede entenderse como el establecimiento procedimental específico de las actividades fácticas del acceso para el ciudadano, lo que puede darse por medio de instructivos, manuales, guías o cualquier otro documento que permita el aprendizaje de las características detalladas de la relación funcionario-ciudadano en este ámbito.
En esta instancia, ya pueden verse las relaciones entre cada uno de los obstáculos como los vínculos de solución consecuentes, ordenados, pues sin la solución o eliminación de alguno de los obstáculos difícilmente se podría remediar el siguiente. En este orden lógico de ideas, es el turno de los subproductos de información, que se deben encargar de hacer más “digerible” la información contenida en los documentos según la especificidad del usuario que la consulta; esto no es otra cosa, que un subproducto de información por cada tipo de usuario (según los perfiles reales de usuarios definidos para cada institución) y la capacidad institucional para generarlos, con carácter especial, cuando las particularidades de un ciudadano así lo exijan.
En consecuencia esto supone, la existencia de personal idóneo, capacitado y/o especializado en la gestión de la información; con las calidades que requiere el análisis pertinente de información para la puesta a disposición de la ciudadanía, teniendo en cuenta los principios de usabilidad, veracidad y exactitud; además de la asignación de valores de seguridad, confidencialidad y reserva que en última instancia también son parte fundamental del “acceso pertinente” a la información (El acceso restringido a la información).
Los demás obstáculos que pueden ser contemplados, harían parte más de situaciones específicas que pueden estar contenidas dentro de las categorías genéricas ya mencionadas u obedecer a condiciones de aspecto ético en las instituciones.
